Joaquín V. González, Anta, Salta, Argentina, FM Digital 93.7
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego de que ésta pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una revisión amplia de los contratos y el uso de recursos públicos del instituto tanto durante su gestión como en la de Guadalupe Taddei Zavala, ante los señalamientos de presuntas irregularidades y conflictos de intereses relacionados con proveedores.
A través de redes sociales, Córdova Vianello sostuvo que la solicitud se da para tratar de distraer la responsabilidad del oficialismo en relación con la crisis que vive el INE y afirmó que durante su presidencia en el periodo de 2014 a 2023 el INE fue una de las instituciones más auditadas del país por distintas instancias.
"En todos los años de mi gestión el INE fue auditado por la Auditoría Superior de la Federación sin encontrar irregularidades y sus observaciones fueron atendidas en tiempo y forma. La última de esas auditorías, en 2022, salió sin ningún señalamiento", dijo.
Aseguró que en 2019 el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Jesús George Zamora, nombrado por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados y quien actualmente funge como consejero Jurídico del Gobierno del Estado de México, "por más que intentó, no encontró irregularidades relevantes y las pocas y menores que detectó las sancionó".
Indicó que "al INE lo vigilan permanentemente los partidos y, pese a la insistencia de Morena y de sus reiteradas acusaciones públicas sin sustento, "nunca encontraron irregularidades.
"Y si, a pesar de todo lo anterior, quieren volver a auditar lo auditado, adelante. Quienes hemos tenido gestiones transparentes y apegadas a la ley no tenemos nada que temer", concluyó.
El pasado martes, la Presidenta llamó a la ASF a realizar esa diligencia argumentando que "deben transparentarse las contrataciones y el ejercicio presupuestal del organismo electoral, así como deslindar responsabilidades en caso de que se acrediten irregularidades".
Al respecto, consideró que la auditoría no debe limitarse a la administración más reciente del INE, sino abarcar los periodos anteriores en los que se hayan registrado señalamientos sobre el uso de recursos públicos y la contratación de proveedores.